LA TABARRA DE VILLAFRANCO
Tomás Martín Tamayo
En el bar de La Cooperativa de Villafranco, señalando la noticia de HOY, firmada por Rocío Romero, uno gritó: "¡Otra vez con la tabarra del nombrecito, otra vez con que tenemos que cambiar el nombre al pueblo!". Otro, protegiendo con las manos las fichas del dominó, arrastró la blanca doble sobre la mesa y, sin levantar la mirada, sentenció: "Van a estar dando por c... hasta el último momento".
Creo que, con algo de razón, puedo considerarme casi vecino de Villafranco del Guadiana, porque en esa pedanía tengo casa desde hace cuarenta y cinco años y allí he pasado, paso y pasaré muchos días de mi vida. Villafranco es un pueblo con un grandísimo parque, que crece, con recursos agrícolas e industriales, de gente tranquila y hospitalaria, donde se vive y se deja vivir. Bien situado, en la línea imaginaria que une Talavera y Badajoz, es como un barrio de la capital, pero sin abandonar el sesgo propio y definido de los pueblos de colonización que, aunque duela, se levantaron durante el franquismo, mire usted qué pena.
La alusión al dictador en su designación no quitó ni puso nada, ni para Franco ni para Villafranco, que suele votar mayoritariamente a la izquierda, aunque ni la política ni las ideologías han llevado conflicto a su vecindario. Aunque no lo creo, si finalmente tienen que cambiar el nombre, yo propongo "Villacalma del Guadiana".
El enredo del cambio de denominación partió de la Diputación de Badajoz, en la etapa inicial de Miguel Ángel Gallardo, que quiso así dar la vuelta al ruedo. Y la dio. Montó una comisión a capricho, que se encargó de señalar con el dedo inquisidor el callejero de cada pueblo, para bajar nombres a cascoporro, con la amenaza económica de retirar fondos a los municipios desobedientes. En Badajoz se empeñaron incluso con Julio Cienfuegos, señalándolo por haber sido presidente de la Diputación en la etapa franquista. Y la cogieron caliente con Villafranco del Guadiana y Guadiana del Caudillo, que finalmente cedió. Por aquel entonces el alcalde de Badajoz, Fran Fragoso, hombre de criterio y poco dado al bamboleo, puso pie en pared y no se sometió al chantaje, "ni por dinero ni por nada". Dice mucho en su favor que el alcalde actual, Ignacio Gragera, siga la senda de Fragoso. En otros pueblos, la mayoría, positivistas ellos, bajaron las placas de muchas calles porque "París bien vale una misa" y cedieron para no perder un dinero que necesitaban. Hasta ahí llegó la presión de la inquisición revivida.
Ahora vuelven con la tabarra —"van a estar dando por c... hasta el último momento"— y por un exceso interpretativo de la llamada Ley de Memoria Histórica, el Gobierno, nada menos que el Gobierno, exige cambiar el nombre a Villafranco del Guadiana, cercenando su historia con un “ordeno y mando” estrafalario, que parece salido de la mano del dictador al que se pretende erradicar.
¿Tiene esto algún sentido, más allá de un revanchismo tan añejo como inútil? ¡Poco nos pasa! La Ley de Memoria Histórica no se promulgó para sembrar odios ni venganzas, ni para buscar revanchismos y enfrentamientos. En su espíritu hay mucho afán de reconciliación y, cuando se promulgó, pareció algo justo y necesario, porque en la España de hoy no son tolerables el olvido de las víctimas ni las tumbas diseminadas por las cunetas de España. Pero en la forma, en la redacción, se colaron muchas imprecisiones, que son las que ahora dan pie a un revisionismo cegato y ridículo. Los "interpretantes", el Gobierno, que parece que no tiene causas mayores, han demostrado menos sesera que mala baba, pero inasequibles al desaliento, "hasta el último momento van a estar dando por c...", en acertada expresión de jugador de dominó.
El fleco de una ley general, con lagunas en su redacción y ajena al espíritu del legislador, no puede arrebatar el sentimiento ni la propiedad de un pueblo que está al margen del guerracivilismo en el que algunos permanecen y del que no saben salir. La práctica totalidad de los vecinos de Villafranco, de todos los signos políticos, no quieren que se cambie un nombre que está asentado en su memoria colectiva, en sus familias, en sus vivos y en sus muertos. Su pequeña memoria histórica también merece consideración y respeto.
Un vecino, Joaquín Franco, que llegó al pueblo con siete años, decía hace años: “Nosotros somos los Franco de Villafranco, ¿también tenemos que quitarnos el apellido?”. Ni en el nombre ni en el pueblo hay enaltecimiento alguno al general Franco, aunque algunos, ¡qué listos!, hayan hecho de eso el motivo de sus vidas. Por aquellos días de la acometida inicial, yo participé en una reunión y me sorprendió que muchos, hasta entonces, no hubieran reparado en que el nombre del pueblo, Villafranco, estuviera ligado a Franco. Ni lo habían pensado.
Que se cumpla la Ley de Memoria Histórica para lo que se hizo, sin descender a añagazas, florituras ni a trampas interpretativas. Flaco favor le hacen a la Ley de Memoria Histórica enarbolando a su amparo tonterías que demuestran mucha ignorancia de la idiosincrasia de un pueblo, pretendiendo, por el democrático método de “esto son lentejas”, doblarle el brazo, quitándoles algo muy suyo, como es el nombre.
Ahora vuelve la burra al trigo y el alcalde pedáneo, Sánchez Guijo, "asegura que siente una enorme indignación y preocupación, porque el Gobierno de España, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, nos ha comunicado y requerido formalmente que debemos aplicar la Ley de Memoria Democrática y proceder al cambio del nombre de nuestro pueblo". Hazme caso, alcalde: ni caso. El señor ministro de la cosa, Ángel Víctor Torres, tan cuestionado por su escasa memoria, ya debería saber que más allá de la Siberia no hay Siberia.
