La corrupción se abre camino a
codazos y ya ocupa el quinto lugar entre los problemas más acuciantes de los españoles.
Casi un 10% la ponen en el primer peldaño, antes incluso que el paro, las
dificultades económicas, los políticos y la sanidad. Transparencia
Internacional, en la lucha contra la corrupción, sitúa a España incluso por
debajo de Qatar o los Emiratos Árabes, igualándola a Chipre y Bostwana y muy
alejada de los países de nuestro entorno. ¿Qué está pasando para que la otrora
modélica España de la transición haya descendido a estos niveles? Seguro que si
se abriera una consulta habría respuestas muy dispares, pero parece evidente
que es necesaria la revisión a fondo de un sistema político caduco que la hace
posible, pero ni la zorra puede guardar el gallinero ni la clase política puede
articular la regeneración de unas estructuras obsoletas que perpetúan a esa misma
clase política.
La política de “oídos sordos”
está asentada en los partidos políticos, que prefieren sostener un sistema de
mando vertical, que les asegure la docilidad de los más próximos, en detrimento
de la iniciativa de los más capacitados. Hoy no se valoran ni ideas ni ideales
y lo que prima es la docilidad, la parentela, el núcleo mafioso, la “cosa nostra”,
la ocurrencia y el estipendio. Por eso optan por el continuismo de un sistema
vetusto que sirvió en su día y que hoy se descubre como causa primera del
desprestigio de nuestras instituciones. Pero lo que todavía no es más que
indignación, una bola de nieve que va creciendo a medida que coge pendiente,
concluirá en un alud de consecuencias imprevisibles, porque ya es sintomático
que sólo el 37,4% de los españoles muestre su conformidad con una Constitución
que ampara el sistema, frente al 51,5% que la rechazan.
Aún peor que la disconformidad con la
Constitución, a fin de cuentas un papel modificable, es la insatisfacción sobre
la democracia, que es un sistema que tiene como antagonista a la dictadura, la
autocracia y el silencio. El 67,5% de los españoles se muestran insatisfechos
con nuestra democracia, frente a un 29,6% que la aceptan. En un sistema que
prima las mayorías deberían tenerse en cuenta estas tendencias alarmantes, pero
ni los gobiernos ni sus partidos están dispuestos a renunciar a sus
privilegios, ni a revisar instituciones costosísimas que no sirven
absolutamente para nada, salvo para asentar en ellas a gente a la que necesitan
ubicar en algún puesto de representación. Tribunales inútiles, instituciones,
como el Consejo de Estado, que apenas tienen otra misión que ser “cementerios
de elefantes”, el Senado, las mancomunidades… deberían ser revisados porque
después de tantos años no se ha encontrado para ellos una función que los
justifique. Son los riesgos de haber creado primero el órgano para ir
acoplándole funciones después.
No conozco ningún sondeo
solvente sobre el criterio que en la España actual se tiene del sistema
autonómico, pero parece evidente que cuenta con un rechazo creciente, porque de
él emanan muchos de nuestros males y de él han salido las mayores corrupciones.
Los peores enemigos del sistema autonómico son muchos de sus supuestos defensores, los que se enrocan
en él para no modificarlo, haciendo “oídos sordos” a una bolita que acabará en
avalancha. Ayer nos enteramos de que Mariano Tancredo no quiere modificarlo.
Normal. ¿Prefieren seguir ordeñando el sistema hasta que se agote? Esa puede
ser otra opción.
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