Lo políticamente correcto es
subirse al carro y aplaudir que a los funcionarios de la Junta se les abone,
por cualquier procedimiento, por torticero que sea, la paga extra en enero,
febrero o en diciembre. Ni políticos ni
medios de comunicación se posicionan negativamente ante semejante medida,
porque eso supone ponerse frente a un pelotón de 50.000 dedos que, por su
efecto multiplicador, puede aumentar hasta los 200.000 cabreados. Así es que
todo el mundo tocando la pandereta detrás de la última improvisación del
departamento de Ocurrencias de la Junta, aunque eso abra más costurones de los
que cierra. Nadie, y desde luego yo tampoco, quiere que los funcionarios sigan
siendo los primeros paganos de una situación que no han generado y que la
sufren como todos los demás, aunque tengan, todavía, estabilidad laboral; pero
en política, como ante el tablero de ajedrez, hay que pensar mucho los
movimientos porque la pérdida de un peón puede dejar desguarnecida a la reina.
Monago de esto ni sabe ni sabrá, porque lo suyo será siempre la impronta
ocurrente y nunca el análisis sosegado.

Un cachondeo más que pone en
tela de juicio al propio sistema, porque
parece evidente que sin respeto a las normas básicas, sin armonía general y sin
solidaridad interterriorial, no vamos a parte alguna, y Extremadura no puede
pedir lo que en la primera ocasión no da. Pero es que, además, en el caso
particular de Extremadura, las cañas se nos tornarán lanzas, porque somos la
comunidad más pobre de España, una de las que más paro arrastra, tenemos
endeudados incluso a nuestros nietos, arrastramos déficit en Educación, en
Sanidad, en Infraestructuras… y no parece sensato que porque nos hayan tocados
los cupones no peguemos un chute de populismo barato y demagogia que nos saldrá
muy cara. Y todo esto sin olvidar que se está vendiendo la piel del oso antes
de cazarlo, es decir, improvisación, precipitación y, una vez más, ganas de dar
un repique de campanas, cuando no tenemos campanas. Ni campanario.
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