Pónganse ustedes en situación, la Asamblea de Extremadura
convocó oposición para cubrir tres plazas de letrados, (técnicos superiores,
especialidad jurídica). Para concurrir a la misma formalizaron su inscripción
81 licenciados en derecho, de los que finalmente sólo se presentaron 43. La criba del primer examen fue tan severa que dejó fuera a 33 aspirantes y sólo
10, se supone que los mejores, consiguieron superar el altísimo listón del
aprobado. Cubiertas todas las formalidades, el tribunal convocó en día y hora
para el segundo ejercicio a los aspirantes que habían superado el primero.
Hasta aquí todo normal, pero días antes de la cita para el segundo ejercicio,
una de las opositoras que había superado con mayor calificación el primero,
denunció por escrito que ella había logrado tan alta calificación porque
previamente conocía las preguntas que iban a salir en el examen, y señalaba,
con nombre y apellidos, a otra opositora a la que se las había cogido. Las dos
trabajaban en el mismo despacho como letradas interinas en la propia Asamblea y
las dos habían sacado las mayores puntuaciones en el primer ejercicio. ¿Parece
raro que alguien se autodenuncie al denunciar semejante irregularidad, después
de haber conseguido una puntuación de 8´15.? Eso es sólo la punta del iceberg.
La opositora sustentaba su denuncia con la
aportación de documentos que ratificaban la veracidad incuestionable de lo que
manifestaba, dejando al descubierto un contubernio que contaminaba toda la
prueba, por lo que ella misma solicitaba la anulación del proceso. Era evidente
que algún miembro del tribunal había filtrado el examen, o que la opositora que
disponía del mismo lo había sustraído, aprovechando su privilegiada situación
como letrada interina de la propia institución. La Mesa que había recibido la
denuncia consideró que debía suspender cautelarmente la oposición, trasladando
la denuncia al fiscal de Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que se
lo tomó con calma sestera, dejando pasar los meses para finalmente emitir un informe
en el decía no encontrar delito, por lo que consideraba que no debían ser
juzgados los hechos. Un apaño semejante, con denuncia de parte y con pruebas
evidentes de la corrupción que se denunciaba, al fiscal del TSJE no le decía nada. ¡Chapeau!
Con el extraño criterio del fiscal, la Mesa actual ha considerado
que no puede suspender la aposición ni anular la prueba y la retoma nombrando
un nuevo jurado y convocando para el segundo ejercicio a los diez opositores
que superaron el primero, incluidas la que destapó el cambalache y la que en origen lo propició. Es algo que
no tiene pies ni cabeza, algo que repugna porque se está bendiciendo desde la Mesa de la Asamblea una
irregularidad manifiesta, pero a nadie parece importarle que unas oposiciones
amañadas, enfangadas y contaminadas lleguen a su fin, aunque ya circulan
apuestas sobre los tres opositores que finalmente lograrán superarlas. El
silencio de los corderos es la tónica dominante, incluso entre los perjudicados
directos, los opositores que acudieron a una convocatoria amañada de principio
a fin, prestándose a ser meros comparsas para que se pueda justificar el
enredo. Solo falta que nos digan después que han sido unas oposiciones muy
reñidas.
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