Miguel Celdrán, la cabeza mejor amueblada del PP extremeño, dijo hace meses refiriéndose a las trifulcas callejeras, que en Badajoz había más armas que en Vietnam. Se tomó como una de sus habituales humoradas, pero es evidente que lo que denunciaba el alcalde pacense era el fondo del problema, la inseguridad aventada por la escasa presencia de efectivos policiales y por la facilidad para pasar armas desde Portugal, algo que ya habían denunciado los propios sindicatos. No es Badajoz más peligroso que cualquier otro núcleo urbano de su entidad, pero la equiparación nos perjudica porque hace unos años, muy pocos, quedaba muy descolgada de la media de delitos por habitantes entre las capitales de provincia. No estamos peor que los demás, pero estamos mucho peor de lo que estábamos y eso es lo que venía a denunciar Miguel Celdrán.
Los brotes de violencia de género, machista o familiar, son difíciles de prever y casi imposibles de evitar, por lo que muchas de las medidas que se arbitran no tienen más alcance que el de la justificación política, cubrir el expediente y rentabilizar demagógicamente un drama creciente que cada año supera las previsiones. Es como legislar escribiendo sobre la arena. Y lo que ha ocurrido esta semana en una céntrica calle de Badajoz, con el saldo de dos muertos y un herido grave, a navajazos, nos acerca a la grandes capitales, pero nos aleja mucho de Badajoz, aunque parece que tampoco es sintomático de una ciudad insegura, porque el suceso ocurrió en un domicilio particular y eso es algo que no puede evitar la policía ni en un estado bolchevique. Algo bien distinto son los delitos callejeros, los ajustes de cuenta y la distribución del territorio para el menudeo de la droga, que se verían muy mermados si hubiera más presencia policial. En Badajoz hay barriadas de cierta conflictividad en las que es difícil ver a una patrulla.
Me asegura un responsable sindical de la policía, que Extremadura no tiene hoy menos efectivos que el resto de las comunidades, aunque puede fallar la estrategia, la planificación y las distribución que se hace de los mismos. El problema de fondo, que señalan jueces y sindicatos policiales, es que nuestras leyes, además de permisivas, son excesivamente garantistas, porque para los mismos delitos se triplican las penas en Portugal, Francia, Alemania… “Los delincuentes conocen sus derechos y los límites de las leyes y saben que en España no tiene cabida ningún “Harry, el Sucio”, capaz de imponer un criterio meramente efectista porque si el procedimiento no es escrupuloso cualquier juez lo invalida, el delincuente se va de rositas y el enjuiciado puede ser el agente excesivamente celoso”.
El cambio de titular en la Delegación del Gobierno puede modificar algunas inercias, porque Alejandro Ramírez del Molino conoce el paño y en su dilatada trayectoria como gestor demostró siempre que no es un contemplativo y que las responsabilidades políticas las adapta a la eficacia y al rigor profesional. Es una quimera pensar en Badajoz como en un oásis al margen del flujo de la delincuencia organizada, pero no parece muy difícil evitar que esto se convierta en el Pozo del tío Raimundo.
Los brotes de violencia de género, machista o familiar, son difíciles de prever y casi imposibles de evitar, por lo que muchas de las medidas que se arbitran no tienen más alcance que el de la justificación política, cubrir el expediente y rentabilizar demagógicamente un drama creciente que cada año supera las previsiones. Es como legislar escribiendo sobre la arena. Y lo que ha ocurrido esta semana en una céntrica calle de Badajoz, con el saldo de dos muertos y un herido grave, a navajazos, nos acerca a la grandes capitales, pero nos aleja mucho de Badajoz, aunque parece que tampoco es sintomático de una ciudad insegura, porque el suceso ocurrió en un domicilio particular y eso es algo que no puede evitar la policía ni en un estado bolchevique. Algo bien distinto son los delitos callejeros, los ajustes de cuenta y la distribución del territorio para el menudeo de la droga, que se verían muy mermados si hubiera más presencia policial. En Badajoz hay barriadas de cierta conflictividad en las que es difícil ver a una patrulla.
Me asegura un responsable sindical de la policía, que Extremadura no tiene hoy menos efectivos que el resto de las comunidades, aunque puede fallar la estrategia, la planificación y las distribución que se hace de los mismos. El problema de fondo, que señalan jueces y sindicatos policiales, es que nuestras leyes, además de permisivas, son excesivamente garantistas, porque para los mismos delitos se triplican las penas en Portugal, Francia, Alemania… “Los delincuentes conocen sus derechos y los límites de las leyes y saben que en España no tiene cabida ningún “Harry, el Sucio”, capaz de imponer un criterio meramente efectista porque si el procedimiento no es escrupuloso cualquier juez lo invalida, el delincuente se va de rositas y el enjuiciado puede ser el agente excesivamente celoso”.
El cambio de titular en la Delegación del Gobierno puede modificar algunas inercias, porque Alejandro Ramírez del Molino conoce el paño y en su dilatada trayectoria como gestor demostró siempre que no es un contemplativo y que las responsabilidades políticas las adapta a la eficacia y al rigor profesional. Es una quimera pensar en Badajoz como en un oásis al margen del flujo de la delincuencia organizada, pero no parece muy difícil evitar que esto se convierta en el Pozo del tío Raimundo.
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