Estatuto de Cataluñá (letra pequeña)

Del Proyecto de Estatuto de Cataluña se sabe poco en Extremadura, aunque lo poco sea mucho más de lo que se sabe del propio Estatuto de Extremadura. No obstante, tengo la sensación de que hay una idea generalizada que puede resumirse en dos aspectos, ciertamente importantes:

- Los catalanes buscan la independencia

- Los catalanes quieren más dinero.

Pero el Proyecto aprobado por el Parlamento de Cataluña tiene 218 artículos, un preámbulo, once disposiciones adicionales, tres transitorias y cinco finales, que engloban toda una filosofía política, apurando tanto los términos y las definiciones, que incluso va más allá de lo que podía ser una constitución. Así es que lo que ha trascendido sobre sus apetencias de "nación y financiación" es sólo el pico de la muleta para desviar la atención de otros aspectos no menos chirriantes, porque, si entrase en vigor la propuesta, a la Generalitat le correspondería en exclusiva la potestad legislativa, la reglamentaría y la función ejecutiva que la Constitución española reserva al Estado.

Es tal el afán de control que en algunas materias sobrepasan el totalitarismo de la Revolución Cultural de Mao: "Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de tiempo libre". Incluyen el fomento, la regulación y el régimen jurídico de las entidades, públicas o privadas, que tengan por finalidad actividades de tiempo libre. ¿Pobres catalanes, si España cediera a semejante despropósito!

¿Uniones poligámicas?

A jueces, notarios, registradores... y funcionarios de Cataluña se les exige el conocimiento de la lengua catalana, pero no así del español. Regula el matrimonio e incluye la sutileza de "otras formas de convivencia", que deja abierta la puerta a uniones poligámicas de tipo islámico. Regulando el "derecho a una muerte digna" se admite el asesinato piadoso, la eutanasia. Lo aprobado en la Asamblea catalana nos impone a todos los españoles una nueva definición de España como "Estado Plurinacional". Y parece que este nuevo concepto no hiere la sensibilidad de Zapatero, que incluso ha recurrido a las hemerotecas para hacerlo valer. Además de definir hasta el ridículo a Cataluña, ellos, por su cuenta y riesgo, también se atreven con España. Es como si Cataluña fuera la nación y España la que pretendiera independizarse de la nave nodriza.

Cataluña se erige en nación y como tal se reserva la competencia exclusiva en la expedición del documento de identidad y pasaporte, lo que supone un DNI para los catalanes que además dispondrán del español. Con esto se reconoce, según convenga, la doble nacionalidad para los catalanes, pero no así para los demás españoles. ¿Más claro? Los catalanes también son españoles, pero los españoles no son catalanes.

Embajadores propios

En política exterior caen directamente en el esperpento. La acción exterior de España queda supeditada por la Generalitat, ya que sus observaciones serán determinantes. Ellos participarán en la revisión de los tratados, además de arbitrar la distribución de los fondos europeos. Incluso pudiera darse el caso de que España, con el permiso de Cataluña, denunciara un tratado y el mismo, y al mismo tiempo, fuera acogido por Cataluña, que no necesita permiso de nadie. El matonismo del proyecto es tal que, para dejarlo todo muy clarito, la Generalitat se reserva la capacidad de establecer una delegación ante la Unión Europea, al margen de la española y, como parece que eso les sabía a poco, establece que Cataluña sea circunscripción única en las elecciones al Parlamento Europeo. ¿Y fuera de la Unión Europea? Más de lo mismo: Cataluña puede nombrar a sus propios embajadores en el exterior.

Justicia propia

Si todo esto no conlleva un claro propósito de independentismo mal encubierto, en lo relativo a la Justicia aún lo subrayan con más énfasis. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se establece como el "órgano jurisdiccional en que culmina la organización judicial de Cataluña". Incluso encubiertamente crean un Tribunal Constitucional propio al establecer una sala especial dentro del TSJC. Así, establecen que la Justicia emane de dos naciones distintas, la española y la catalana, y administrada por jueces diferentes, sin respetar la unidad jurisdiccional de España.

En economía, seguridad social, fomento, investigación... Cataluña se separa de las competencias exclusivas del Estado español, pudiendo dirigirlas según su criterio, pero, eso si, "a Dios rogando y con el mazo dando", Cataluña se reserva la participación en la planificación estatal. Una vez más se erigen en supervisores de España, exigiendo estampar el visto bueno en todo, pero garantizándose el libre albedrío catalán para cada uno de sus actos. Bien parece que quieren irse de España, pero llevándose a España con ellos o dejándola bajo su tutelaje protector para que no nos descarriemos más de la cuenta.

El Estatuto se apropia directamente, sin maquillaje, de las cajas de ahorro: órganos rectores, representación de intereses sociales, regimen jurídico, fusión, liquidación, agrupaciones, cuotas participadas... Y en el camino del monte que han elegido, se reserva también la capacidad de las "consultas populares", atribuyéndose la competencia exclusiva en encuestas, audiencias públicas, foros de participación... Es algo puesto como de soslayo y sin intenciones perversas, pero ¿qué tiempo tardarían en inaugurar la nueva competencia exclusiva, preguntando, por ejemplo, sobre la autodeterminación o independencia, para erigirse en Estado? Muy posiblemente Carod Rovira ya tenga fechas.

Como bien dice Trias Sagnier, "el Estatuto rompe con el modelo constitucional de 1978, declara la independencia por la puerta de atrás y, sin preguntar, impone un modelo al resto de España". Y todavía hay más.