CAJA DE EXTREMADURA

Cuando se trata de guardar, preservar y administrar el dinero ajeno, se exige algo más que buenas intenciones a los responsable de la entidad que afronta ese reto. A Extremadura, a los impositores y a los trabajadores de la Caja de Extremadura no se nos puede someter a la zozobra de unas negociaciones que pongan en riesgo la confianza en ella depositada, porque, si se quiebra ese principio de garantía, los efectos pueden ser desastrosos. Afortunadamente se ha corregido a tiempo y la entidad extremeña, a duras penas, ha sorteado el riesgo de una coyunda peligrosa con la alicantina CAM, (Caja de Ahorros del Mediterráneo), aunque cabe preguntarse por qué se avanzó tanto en una dirección tan arriesgada y comprometida. Ninguna de las cuatro cajas que se proponían configurar el Banco Base, resultante de la fusión fría de todas ellas, puede alegar ignorancia de la situación real de las otras tres y resulta sorpresivo que todas ellas recorrieran juntas un largo camino que, como se ha demostrado, concluía en el desastre. ¿No hay responsables ni responsabilidades?

Corregido el error de ir de la mano de la CAM, que además iba a presidir el Banco Base resultante, puede ser un buen momento para que se analicen las consecuencias de una decisión errática e imprudente, cuya costo menor será abonar una cantidad importante como compensación por el compromiso adquirido y ahora roto. ¿Por qué se llegó tan lejos? Si no se conocían los datos reales, o si estos estaban barnizados, el Banco de España debería haber intervenido mucho antes, alertando a cada una de las partes del riesgo que se ha evitado en el último momento, cuando, apresuradamente, las asambleas generales de Cajastur, Caja Cantabria y Caja de Extremadura, decidieron deshacerse de la peligrosa rémora que traía en el ajuar la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

Previa a la inscripción del Banco Base en el Registro Mercantil, fue necesario el acuerdo de los órganos de las cajas, del Banco de España, del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores… Lo que demuestra la inutilidad de tantos y tan costosos órganos supervisores interpuestos, ya que a la hora de la verdad ninguno supo ver nada. De los 1.493 millones de euros solicitados inicialmente para cumplir los requerimientos de solvencia, se pasó a los 2.800 millones de euros, con lo que el Estado controlaría la mayoría del capital social de la nueva entidad, que pasaría a sus manos y que en un par de años podría vender al mejor postor. Partida de irresponsables… ¡Vaya tropa de mandilones!

El disparate de una fusión tan atropellada y tan poco meditada, ha podido abocar a Caja Extremadura, y a sus compañeras de viaje, a perder su estatus jurídico para convertirse en una fundación, firmando así su sentencia de muerte como caja de ahorros. ¿No hay responsables ni responsabilidades? Finalmente se ha evitado el desastre, pero el riesgo ha sido evidente. Tan evidente como la impericia de sus órganos rectores. ¡Que se pongan en fila todos los “mea culpa”! Como Eugenio D´Ors sentenció, “los experimentos con gaseosa”.